La evaluación de políticas públicas aterriza en España
Y también a los modelos de gestión patrimonial
La toma de decisiones es inherente a nuestra naturaleza humana, la cotidianidad nos obliga a realizar elecciones basadas en aquello que conocemos o hemos vivido: desde coger un paraguas antes de salir de casa si el cielo está nublado, echarnos crema solar antes de ir a la playa, o coger un abrigo si en el parte meteorológico han dicho que bajan las temperaturas. La toma de estas decisiones siempre está precedida del análisis de nuestro entorno y circunstancias, en definitiva, de la evaluación de los diferentes factores internos y externos que nos afectan.
La institucionalización de la evaluación de políticas públicas
Esta lógica de la evaluación es aplicable a muchos ámbitos profesionales y académicos, así como las políticas públicas llevadas a cabo por las diferentes administraciones. Países de nuestro entorno como Reino Unido, Países Bajos o Canadá cuentan con una larga institucionalización de la evaluación en sus sistemas políticos. En España, pese a no existir una norma que obligue a evaluar las políticas llevadas a cabo por todas las administraciones públicas, sí existen organismos que cuentan con una, ya dilatada, cultura de la evaluación como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), Iválua – Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas o, la Agencia estatal de evaluación de políticas públicas.
La entrada en vigor de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado supone el aterrizaje de la evaluación de políticas públicas en el Boletín Oficial del Estado, teniendo como ámbito de aplicación la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes.
Esta ley define en su artículo 8 a la evaluación de políticas públicas como “el proceso sistemático y razonado de generación de conocimiento, a partir de la recopilación, análisis e interpretación de información, encaminado a la comprensión global de una política pública, para alcanzar un juicio valorativo, basado en evidencias, respecto de su diseño, puesta en práctica y efectos.” También, se especifican los órganos competentes de llevar a cabo estas evaluaciones, como la AIRef o la Agencia estatal de evaluación de políticas públicas; los diferentes tipos de evaluación a realizar en función del momento de implantación de la política (antes, durante o después); y la necesidad de dotarse de una metodología e indicadores adecuados a la política que se esté evaluando. Dentro de los objetivos finales de esta ley con relación a la evaluación de políticas públicas se pueden destacar:
- Optimizar el proceso de toma de decisiones públicas, sugiriendo recomendaciones sobre su diseño e implementación.
- Mejorar la planificación y los instrumentos de la acción pública.
- Impulsar la innovación en la actuación del sector público.
- Colaborar en la consecución de la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, de forma que se garantice una adecuada gestión económica, y el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera y de los fines perseguidos.
- Permitir, con sistemas de recogida, valoración y difusión de la información, el control de responsabilidades y la rendición de cuentas a la sociedad.
- Contribuir a mejorar la situación de los retos de la sociedad y del desarrollo sostenible.
La práctica de la evaluación de políticas públicas
La evaluación de políticas públicas ha de entenderse como una disciplina que tiene como objeto el examen, cualitativo y cuantitativo, de las decisiones tomadas por los Gobiernos. Esta evaluación será de utilidad para conocer en qué medida las acciones públicas han mejorado un área de actuación en concreto.
Al igual que otras disciplinas, la evaluación de políticas públicas requiere de una planificación en la que se contemple el marco estratégico normativo y competencial de la política. Para ello, de forma previa a la evaluación de la política, será necesario definir un encargo de evaluación: un documento en que se recoja todo lo relativo a política que se va a evaluar (tiempos de ejecución, medios materiales y humanos, indicadores de gestión…) y en el que se tendrá que indicar cuál va a ser el equipo evaluador (interno a la organización, externo o mixto) y la entidad evaluada.
Otro de los aspectos clave antes de iniciar la evaluación de cualquier política será definir en qué momento se va a realizar. Tradicionalmente, se ha pensado en la evaluación como la cuantificación del grado en que se han conseguido unos objetivos o de los impactos de la política. Aunque en ambos casos se realiza la evaluación de una política ya finalizada, no es el único momento en que podemos llevar a cabo su evaluación:
- Durante la fase del diseño de política pública se llevará a cabo una evaluación ‘ex ante’, es decir, antes la puesta en marcha de la política. En este tipo de evaluaciones se analizará si la política a implementar cumple con un diseño y una metodología óptimas para cumplir sus objetivos y poder evaluarlos. Para el correcto diseño de la estrategia a implantar será óptimo contar con un diagnóstico de situación previo para conocer la realidad de la organización.
- Durante la fase de la implementación de la política también se podrán realizar evaluaciones ‘ex durante’ para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos en un momento dado. Se trata de un tipo de evaluación fundamental para identificar y corregir aquello que esté desviando a la política del logro de sus objetivos o incluso reformular alguno de los objetivos planteados en inicio.
- Tras la implementación de la política en el periodo definido, la evaluación ‘ex post’ ayudará a conocer si se han cumplido o no los objetivos; si se han conseguido los efectos esperados; y en qué medida se deben a las acciones realizadas. Los resultados de la evaluación serán de gran ayuda para la definición, interna o externa a la administración evaluada, de nuevas políticas públicas en este ámbito.
Por tanto, la evaluación de las políticas públicas no debe enmarcarse únicamente en la cuantificación de los resultados obtenidos, sino que puede implantarse en cualquiera de los momentos del propio de ciclo de la política pública. En todo caso, el conocimiento obtenido será de utilidad para realizar ajustes en las acciones a implementar en el futuro y en la generación de conocimiento que podrá ser aprovechado por otras organizaciones.
La evaluación de las políticas de gestión patrimonial
Desde Bonser trabajamos desde 2007 en la definición y puesta en marcha de modelos de gestión patrimonial para las Administraciones Públicas. La entrada en vigor de la ley 27/2022 y el creciente auge de la evaluación como herramienta para la gestión eficiente de los recursos nos hace preguntarnos, ¿Cómo se pueden llevar a cabo evaluaciones de las políticas de gestión patrimonial?
Para contestar a esta pregunta será necesario comprobar, como veíamos en anteriores párrafos, en qué momento deseamos realizar la evaluación de nuestro modelo de gestión patrimonial:
Si desde la organización se desea diseñar un nuevo modelo de gestión patrimonial, el primer paso será elaborar un diagnóstico de situación que permita conocer el punto de partida de la entidad en materia de patrimonio. Se trata de un paso previo fundamental para definir el futuro modelo de gestión patrimonial y contestar, entre otras, a las siguientes preguntas: ¿con qué recursos materiales y humanos cuenta nuestra organización?, ¿qué herramienta informática se adapta a nuestras necesidades y requerimientos?, ¿cuáles van a ser las unidades encargadas de su definición y puesta en marcha?, ¿cuál es el plazo de ejecución de este proyecto?
Si el modelo ya ha sido definido y la entidad se encuentra en el plazo de ejecución del proyecto, será el momento de identificar qué elementos pueden estar entorpeciendo el logro de los objetivos planteados: ¿están siguiendo las diferentes unidades los procedimientos definidos?, ¿es necesario modificarlos?, ¿el modelo de gestión patrimonial definido permite cumplir con el principio de imagen fiel?, ¿existen unidades con inventarios parciales que no están incorporando su relación de bienes al inventario general de la entidad?
En el caso de que la evaluación se lleve a cabo tras el plazo de ejecución del proyecto, será el momento adecuado para identificar si se han conseguido los objetivos planteados como, por ejemplo, contar con un modelo de gestión patrimonial adaptado a la entidad o una valoración de los bienes inmuebles adecuada para la poder realizar la regularización de los estados financieros y, en qué grado estos resultados se deben a la política implementada.
Todas las preguntas de evaluación planteadas deberán tenerse en cuenta a la hora de evaluar el modelo de gestión patrimonial en sus diferentes fases. A su vez, se deberán concretar los indicadores y fuentes de información que permitan obtener respuestas de las preguntas planteadas.
La evaluación de políticas públicas se abre camino
La entrada en vigor de la ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado pone de manifiesto la creciente tendencia y necesidad de evaluar las políticas que se llevan a cabo. Esta nueva herramienta no debe contemplarse como una auditoría o un control, sino como una forma de localizar los posibles fallos de una política y las mejoras que pueden realizarse en el futuro. La evaluación de las políticas públicas será necesaria para conseguir que las políticas implementadas por cualquier organización sean cada vez más eficaces, y la utilización de sus recursos más eficiente.
En conclusión, la puesta en marcha de este tipo de evaluaciones ayudará a conocer qué está pasando con las políticas públicas y los resultados que se están obteniendo. Asimismo, permitirá explicar a la ciudadanía qué acciones se han realizado y para qué han servido, en el ejercicio del principio de transparencia que han de cumplir todas las administraciones públicas.
En definitiva, mejorará la toma de decisiones políticas y será un elemento fundamental para asegurar una buena gobernanza.
